Se trata de un programa piloto implementado en el Servicio Penitenciario Federal, basado en la experiencia de la hermana Pauline Quinn y el proyecto “Dog Prision Program”, con la finalidad de capacitar a internos en el adiestramiento de perros de servicio para ayudar a personas discapacitadas

Es un organismo dependiente de la Dirección Nacional, cuya función será la de arbitrar las diligencias tendientes a asesorar a las distintas dependencias que operan bajo la órbita de la institución sobre las medidas conducentes a prevenir y reducir actos de corrupción

Se creó el Servicio de Sustentabilidad Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, a los fines de elaborar políticas que promuevan un ambiente sustentable y generar acciones que contribuyan a prevenir, mitigar y dar respuesta ante situaciones de emergencia o catástrofe

La actualización constante en materia de criminología permite incorporar herramientas, avaladas empíricamente, en los abordajes de las personas alojadas en establecimientos federales, además de brindar fundamentos científicos a las decisiones de intervención de la administración penitenciaria 

Plan de acción del servicio de prevención de la corrupción

Introducción 

El Servicio Penitenciario Federal, como institución pública que administra recursos y bienes del Estado debe propender a reducir al máximo los riesgos de la corrupción dentro de los ámbitos de su injerencia. Para ello, se deben reforzar las distintas acciones tendientes al control de sus procesos contables, de los sistemas de adquisición de bienes y servicios en general; y de las amenazas de actos ilícitos en las relaciones que surgen al interior de los establecimientos penitenciarios.

En ese orden de ideas, se hace necesario trabajar sobre distintos ejes transversales que colaboren en lograr una institución profesionalizada con un alto grado de transparencia en su accionar; creando las condiciones necesarias para que los posibles casos de corrupción institucional que se presenten puedan ser prevenidos de manera eficiente y eficaz. Llevando esto, lógicamente, a una reducción en los delitos de este tipo que se perpetren a nivel institucional.

Cabe señalar que, uno de los desafíos más importantes del Servicio Penitenciario Federal, de todas las instituciones del Estado y de la comunidad en general es la lucha contra la criminalidad organizada, la cual en muchas ocasiones utiliza la corrupción como instrumento para materializar sus propósitos.

En este marco, mediante Resolución D.N. Nº 2233 (B.P.N. Nº 552), se creó el “Servicio de Prevención de la Corrupción”, organismo dependiente de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, cuya función es la de arbitrar las diligencias tendientes a prevenir y asesorar a las distintas dependencias que operan bajo la órbita de la Institución, sobre las medidas conducentes a prevenir y reducir la corrupción. Esta creación resulta novedosa, ya que se enfoca la problemática de una manera específica a los contextos de encierro.

En la mencionada Resolución se instruyó al “Servicio de Prevención de la Corrupción” para que elabore un Plan de Acción de Prevención de la Corrupción; para lo cual, mediante Resolución D.N. Nº 0524 del 2015, se conformó una Comisión de Trabajo con el objeto de concretar tal iniciativa, la que debía establecer los objetivos principales, ejes estratégicos y acciones tendientes tanto a minimizar y prevenir los riesgos y posibilidades de corrupción; como a promover y consolidar una auténtica cultura institucional en la que rijan los principios de integridad, legalidad, honradez, eficiencia y transparencia.

 

Objetivo General

El plan de acción tiene como objetivo principal la definición de ciertos ejes estratégicos, que permiten establecer medidas orientadas a la prevención de la corrupción, lo que posibilite identificar, diagnosticar y evaluar los riesgos que se presentan en el ámbito institucional, para poder desarrollar iniciativas de prevención, las que contarán con su consecuente control y evaluación de su eficacia; como así también promover la transparencia de la gestión penitenciaria y del personal frente a la sociedad, y la implementación y el refuerzo de los canales de comunicación e intercambio con otras instituciones nacionales e internacionales.

Objetivos Específicos

 Debe partirse de un análisis técnico, fáctico y sincero del funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y en las demás dependencias que componen el Servicio Penitenciario Federal, que facilite la evaluación de las medidas a tomar para prevenir, reducir o atacar la corrupción.

Las estrategias elaboradas están orientadas a garantizar que se proporcione un ambiente seguro y confiable para todos los que se vinculan con el sistema penitenciario, ya sea para el personal, los internos, los familiares, las instituciones y organismos nacionales e internacionales, entre otros.

También se propenderá a consolidar la confianza de la sociedad frente a la Institución y su personal, promoviendo el ordenado, regular y legal desenvolvimiento del Servicio Penitenciario Federal.

 

Marco Legal

En el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, en 1985, se concluyó que la corrupción se ha convertido en un componente inevitable de la administración pública, por lo que sostenemos que deben consolidarse, simplificarse y complementarse los procedimientos anticorrupción existentes, a fin de profundizar la prevención de las distintas formas corruptas.

Asimismo, mediante la “Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA” del año 1997 y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” del año 2003, la República Argentina ha asumido el compromiso de promover y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, mediante la adopción de políticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción,  que reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas desarrolló un Manual de Instrucciones para la evaluación de la justicia penal, en donde se reconoce que la corrupción es un problema que se extiende sobre todo en los países de bajos ingresos, donde la misma puede constituir un mal sistémico que se extiende desde los funcionarios de menor rango hasta las más altas esferas, lo que tiene como correlato que muchas veces los internos con mayor nivel adquisitivo gocen de privilegios especiales.

En igual sentido, la Argentina ha firmado el “Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, aprobado por Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1979 y las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”.

A nivel nacional, rige la Ley Nº 25.188 del año 1999 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública” y se ha creado el “Manual de Ética, Transparencia y Lucha contra  la Corrupción en la Administración Pública”, realizado, entre otras entidades, por la Oficina Anticorrupción de la República Argentina, organismo encargado de velar por la prevención y la investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

 

Ejes Estratégicos

Los ejes estratégicos han sido elaborados teniendo en consideración las características especiales que presenta la prevención de la corrupción, no solo en la administración pública en general, sino particularmente en los contextos de encierro, los cuales son ámbitos cerrados, en los que se desarrollan permanentes y complejas relaciones entre el personal con personas privadas de la libertad que han sido acusados o condenados por cometer un delito, suscitándose variados fenómenos de vulnerabilidad.

Conforme lo cual, los ejes estratégicos que a continuación se enuncian presentan la característica de su complementariedad, y su profunda interrelación.

1.- Eje estratégico: “Declaración de Principios Éticos Institucionales”. El Servicio Penitenciario Federal ha adoptado un firme compromiso con la prevención y lucha contra la corrupción, haciéndose necesario fijar en un documento el ideario, valores y postura institucional.

2.- Eje estratégico: “Evaluación de la situación institucional”. Las medidas de acción de prevención y lucha contra la corrupción deben partir de un diagnóstico situacional, uniforme, objetivo y mensurable.

3.- Eje estratégico: “Capacitación y concientización del personal en ética, transparencia y prevención de la corrupción”. Desde la selección del personal, la formación y la capacitación deberán reforzar los valores e ideales democráticos, generando un compromiso individual en la prevención y lucha contra la corrupción.

4.- Eje estratégico: “Cambios normativos y mejoras en los procedimientos”. A los fines que las medidas que se adopten de prevención y lucha contra la corrupción no queden limitadas a la acción de determinados funcionarios, sino que integren un cambio institucional permanente, a partir del análisis de la realidad se propondrán las reformas normativas que limiten, a través de la regulación, el ámbito de discrecionalidad, que muchas veces genera desvíos de los fines institucionales hacia la satisfacción de intereses personales, dotando asimismo de mayor transparencia a los procedimientos.

5.- Eje estratégico: “Acciones conjuntas de  detección, control y evaluación”.  El reconocimiento de los valores y ética institucional, el análisis de la situación imperante, la concientización y capacitación sobre los mismos, y los cambios normativos, serían incompletos si esto no se complementará con una efectiva detección y denuncia de los hechos de corrupción, conjuntamente con controles eficaces y evaluación de los procedimientos implementados, cuya articulación permitirá lograr una prevención general y especial de la corrupción.

 

Acciones Asociadas a los Ejes Estratégicos:

En una primera etapa se ha previsto que en el lapso de CIENTO OCHENTA (180) días, a partir de la publicación de la presente, se deberán implementar las siguientes acciones:

1.- Eje estratégico: “Declaración de Principios Éticos Institucionales”

a) Elaboración del Código de Conducta para el personal del Servicio Penitenciario Federal: surge de la necesidad de plasmar en un documento, los valores, principios y deberes del personal penitenciario, lo que redundará en una cultura institucional en la que se afiancen los principios de integridad, legalidad, honradez, eficiencia y transparencia. El Código mencionado buscará ser un instrumento eficaz para prevenir la corrupción y las conductas contrarias a la ética pública dentro de la Institución, en tanto orientará la actuación del personal penitenciario en el desempeño de sus funciones ante situaciones concretas que se  le presenten, con el fin de impulsar una mejora en la calidad de la gestión pública y generar la confianza de la ciudadanía en el Servicio Penitenciario Federal. El compromiso con la función y el empleo dentro del Servicio Penitenciario Federal implica que el personal esté consciente de que los bienes y servicios son patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía y que representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando persiguen beneficios individuales.

 

2.- Eje estratégico: “Evaluación de la situación institucional”

a) Elaboración de un “Diagnóstico de Riesgos de Corrupción”. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de afrontar los hechos de corrupción, es tener en consideración que existen ciertos sectores dentro de la institución que por diversos factores son más proclives o vulnerables a ser víctimas o a ser sujetos activos de la corrupción. En este sentido, a través de la Comisión de trabajo conformada por Resolución D.N. Nº 180/2015, se dispuso la “elaboración  de un diagnóstico de riesgo de corrupción en el contexto penitenciario”,  el que ha  seguir los lineamientos de elaboración previstos en el mismo acto resolutorio, en el que, a través de la creación de un mapa de riesgos de corrupción, se establecerán las pautas de identificación de los factores del mismo, su valoración y la implementación de medidas de prevención o que sirvan para reducir su impacto. Dicho cometido ha comenzado a realizarse a través de un programa piloto en el Centro de Detención Judicial (U.28). Se ha de trabajar en conjunto con los Establecimientos Penitenciarios, Organismos, Institutos y Servicios, para determinar los presuntos focos de riesgos y vulnerabilidades de actos de corrupción, en miras  de establecer y mantener un plan de acciones concretas, de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada área, para prevenirlos contemplando procedimientos disuasorios específicos.

Realización de “Trabajos de investigación científica, estudios técnicos,  estadísticos  y publicaciones vinculadas a la prevención y lucha contra la corrupción”: a fin de establecer, con la conjunción de la investigación institucional, los aportes científicos nacionales e internacionales y la experiencia práctica del quehacer penitenciario, los métodos más eficaces para prevenir, descubrir y reducir posibles hechos de corrupción.

 

3.- Eje estratégico: “Capacitación y concientización del personal en ética, transparencia y prevención de la corrupción”.

a) Planificación e implementación del “Curso de ética, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”. Uno de los pilares primordiales para acercarnos a la concreción de los objetivos que nuestra Institución tiene en lo inherente a la prevención de la corrupción, es hacer especial hincapié en la capacitación, la formación y la mejor preparación del personal en su condición de Funcionario Encargado de Hacer Cumplir la Ley. Para una efectiva lucha contra la corrupción es necesario internalizar una moral personal que sustente nuestra ética profesional, adoptar una actitud crítica frente a la realidad que nos rodea.

De ello se desprende que deben realizarse capacitaciones con módulos específicos sobre ética, transparencia y prevención de la corrupción, y los aspectos de la relación personal- internos, siempre partiendo de la concepción de que el personal penitenciario es honesto y actúa correctamente. Dichos cursos se brindarán a los aspirantes, a los cadetes, en los Cursos de Perfeccionamiento para Oficiales Jefes en el grado de Alcaide Mayor, en los Cursos de Perfeccionamiento en el grado de Adjutor Principal, y en los cursos de ascensos del personal subalterno.

El personal deberá realizar dichos cursos, talleres y seminarios y también analizar los riesgos y desarrollar sus propias estrategias para reducirlos. Siendo extensiva esta formación al personal no contratado directamente por el servicio penitenciario.

Se debe tener en cuenta que el personal con menor formación es más propenso (más vulnerable) a ser condicionado o manipulado; y a medida que se van produciendo los ascensos es mayor la responsabilidad a cargo de cada funcionario y mayores son los riesgos que debe afrontar.

 

4.- Eje estratégico: “Cambios normativos y mejoras en los procedimientos”

* Elaboración de un “Protocolo de actuación e intervención frente a la posibilidad de hechos de corrupción”, teniendo en consideración que una de las características de los modelos penitenciarios de nuestra región es la insuficiencia de protocolos que regulen y estandaricen la actuación de los sujetos involucrados, lo cual implica que las decisiones se basen en criterios subjetivos y no sean productos de prácticas con un criterio uniforme, se hace necesaria la creación de un “Protocolo de actuación e intervención frente a la posibilidad de hechos de corrupción”, a través de una conformación de una comisión de trabajo integrada por representantes de la Dirección de Auditoría General, de la División Sumarios, de la División Asuntos Internos, del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, de la Dirección de Coordinación de la Subdirección Nacional y del Departamento de Estudios y Proyectos; con el objetivo de reducir al máximo la posibilidad de discrecionalidad  en el manejo de los casos de corrupción de manera de abordar los mismos con un criterio coincidente en los casos que se presenten.

El mismo debe incluir: a) Definición concreta de Corrupción y qué casos deben considerarse hechos de corrupción. b) Procedimiento exhaustivo de actuación para casos de sospecha de corrupción. c) Normas de confidencialidad de la información que se maneje. d) Normas sobre tramitación de denuncias y expedientes  (que incluya el trabajo en conjunto con Asuntos Internos, entre otros). e) Normas sobre protección de las personas que denuncian. 

* Elaboración de un “Protocolo de Procedimiento de Denuncias frente a hechos de corrupción”:a través de la conformación de una comisión de trabajo integrada por representantes de la Dirección de Auditoría General, de la División Sumarios, de la División Asuntos Internos, del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, de la Dirección de Coordinación de la Subdirección Nacional y del Departamento de Estudios y Proyectos, se deberá elaborar este instructivo, el cual determinará exhaustivamente el procedimiento de denuncias frente a hechos de corrupción, velando por la confidencialidad de las mismas, debiéndose fijar categorías y códigos preestablecidos para la clasificación de las denuncias. Para la posterior implementación del mismo se deberá prever una capacitación especial al personal mediante el dictado de cursos y seminarios.

* Elaboración de “Normas de protección del personal”.Atento al riesgo inherente de represalias que conlleva para los funcionarios que denuncian, investigan y desarrollan sus labores en el área de prevención y lucha contra la corrupción, se impulsa a través de una Comisión de Trabajo integrada por representantes de la Dirección de Auditoría General, de la División Sumarios, de la División Asuntos Internos, de la Dirección de Personal, del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, de la Dirección de Coordinación de la Subdirección Nacional y del Departamento de Estudios y Proyectos; la elaboración de normas específicas que regulen la protección del personal.

* Elaboración de “Medidas tendientes a aumentar la transparencia en el manejo de fondos públicos en el ejercicio de la actividad”. Con el objetivo de fortalecer  la claridad en el procedimiento de contrataciones del Servicio Penitenciario Federal, a través de la conformación de una comisión de trabajo integrada por representantes de la Dirección General de Administración a través de sus diferentes áreas de competencia, de la Dirección de Auditoría General, a través de sus áreas administrativas y patrimoniales, de la División Asuntos Internos, del Departamento  de Inteligencia Penitenciaria, de la Dirección de Coordinación de la Subdirección Nacional y el Departamento de Estudios y Proyectos, se deberá prever la implementación de constantes mecanismos de control en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios. Se busca establecer y mantener un sistema de compra basado en la claridad, la eficacia y la adecuación de las normas que deben aplicarse y que garantice un rendimiento óptimo de los recursos de la institución, procurando que los proveedores, los bienes, los servicios y los precios no solo estén conformes con la normativa vigente sobre contrataciones del Estado, sino que se ajusten a normas, valores y principios éticos.

A los mismos fines, correspondería que a través de los integrantes de la citada Comisión de trabajo, incluyendo a la Dirección de Personal, se proceda a un análisis de las adecuaciones y actualizaciones que requiere la Resolución D.N. Nº 2.190  del 30 de agosto de 2.000, por la que se  aprobara el “Régimen de declaraciones  juradas que deben ser presentadas por todas las personas que cumplan tareas al servicio del estado, remuneradas o no, sea en forma permanente o temporaria y en todos los niveles y jerarquías”; a los fines de incluir dentro de aquella nómina, a quienes desempeñan cargos compatibles con dicha obligación, creados con posterioridad a la aprobación de dicha norma, y a todo otro funcionario, que por su actividad deba ser alcanzado por la misma.

* Elaboración de “Medidas orientadas a aumentar la transparencia en la selección, ascensos y eliminaciones del personal del Servicio Penitenciario Federal”. Con el objetivo de fortalecer la visibilidad en estos procedimientos, a través de la conformación de una comisión de trabajo integrada por    representantes de la Dirección de Personal, de la Dirección Principal de Institutos de Formación y Capacitación del Personal, de la División Reclutamiento, de la Dirección de Coordinación de la Subdirección Nacional y del Departamento de Estudios y Proyectos, se deberá prever a través de regulaciones, la implementación de medidas concretas que garanticen los derechos democráticos de igualdad de acceso, estableciendo como único requisito la idoneidad para el cargo, ascenso y progreso en la carrera acorde a condiciones objetivas personales y profesionales, y de permanencia basado en su desempeño.

 

5.- Eje estratégico: “Acciones conjuntas de detección, control y evaluación”

* Creación de una Línea Directa de Denuncias. Las víctimas de la corrupción pueden ser internos, sus familias o vínculos afectivos (que pueden sufrir amenazas, coacción o soborno), el personal, el Estado y toda la comunidad en general. Con el objetivo de facilitar la radicación de las denuncias por hechos de corrupción, sin perjuicio de las denuncias que correspondan realizar por mandato legal, se hace necesaria la creación de una Línea Directa dentro del Servicio Penitenciario Federal, a la cual se puedan comunicar todas aquellas personas que tengan conocimiento o sospechas de actos de corrupción. Cabe destacar que su implementación deberá  ser contemporánea a la aprobación del protocolo que regulará su procedimiento.

* Implementación de acciones conjuntas de lucha contra la corrupción con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Para una efectiva lucha contra la corrupción, debemos fortalecer los canales de comunicación con otras instituciones, con el objetivo de aumentar los esfuerzos y que, a través del trabajo en conjunto, se den los resultados esperados. En el mismo sentido, destacamos que para un desarrollo más eficaz de las investigaciones que se realizan, se requiere la colaboración y asistencia con las demás fuerzas de prevención del delito. En tanto la corrupción constituye actualmente uno de los instrumentos que utiliza  la  criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos, es necesario el trabajo en conjunto con organismos nacionales e internacionales para lograr resultados eficaces, siendo se puede coordinar acciones con el poder judicial y los organismos de inteligencia y de seguridad, entre otros. Conforme lo cual, por la Dirección Principal de Seguridad, el Departamento de Inteligencia Penitenciaria y la División Asuntos Internos, se deberán proponer acciones concretas de desarrollo y mejora en el intercambio de información con los organismos citados.

* Evaluación periódica de los mecanismos de control. Toda vez que la política de prevención y lucha contra la corrupción, requiere de una actividad continua y permanente, por lo que el Servicio de Prevención de la Corrupción, establecerá las pautas de los informes cuatrimestrales, realizarán los organismos que desarrollen actividades de prevención de la corrupción, a los fines de verificar la eficacia y el correcto desempeño de los diferente